El inédito avance de Milei en la Justicia y 200 enojados en guerra

“Dios no permitió que el rencor nublara mi mente ni pervirtiera mis sentimientos. La paz sea con Jorge Urso y su familia. Lamento sinceramente su trágico fallecimiento”.

El 12 de agosto de 2020, plena pandemia de Covid, el mundo político y judicial se sacudía con la temprana muerte del juez que había metido preso a Carlos Menem en 2001 y el expresidente dejaba condolencias con lógica cristiana. Lo que no decía el mensaje, pero sí destacaban otras notas periodísticas, era que el riojano había sido quien había nombrado al magistrado que lo terminaría condenando.

El recuerdo viene a cuento del movimiento político más fuerte de estos días. El avance del gobierno de Javier Milei para nombrar más de 100 jueces, fiscales y defensores oficiales, con nombres que hacen ruido, en varios casos por su pasado vinculado al kirchnerismo.

¿Está Milei blindándose a futuro? ¿Estos nombramientos pueden garantizarle un mejor pasar en Tribunales si las causas que lo involucran van en su contra? La respuesta para ambos interrogantes es “ni”. Así lo dejó en claro la jurisprudencia del caso Menem-Urso.

Menos dudas existen, en general, sobre la necesidad de avanzar con los nombramientos. La situación del Poder Judicial era/es alarmante. Sólo en el caso de los jueces, hay un 37% de cargos vacantes. Entre los fiscales, el porcentaje sube a 42%.

No hay garantías, por supuesto, de que si se cubren esos puestos el sistema pasará a ser eficiente y justo. Entre otras cosas, dependerá de la idoneidad y de la moral de los que asuman. Lo que es seguro es que con estas vacantes no hay chance de que el Poder Judicial esté a la altura; las anormalidades, como que un juez cubra varios juzgados a la vez, sólo fomentan discrecionalidad y corrupción.

Aunque en su último discurso frente al Congreso, Milei apuntó contra su antecesor Alberto Fernández por las vacantes judiciales, lo cierto es que en los dos primeros años de gestión libertaria el Senado sólo nombró a un magistrado. Sí, uno.

El dato revela el fracaso de la dupla que estaba a cargo del tema: el poderoso asesor Santiago Caputo y su delfín Sebastián Amerio, exsecretario de Justicia y actual procurador del Tesoro. Lo anticipó Clarín en pleno verano: la próxima batalla interna del Gobierno se daría por el ministerio y los cargos en la Justicia.

El trío karinista (Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem) venía de un triunfo electoral resonante en las urnas y puso enseguida la mira en ese objetivo. El primer paso, fundamental, fue correr a Amerio como eventual reemplazante de Mariano Cúneo Libarona y poner a Juan Bautista Mahiques como ministro.

El segundo movimiento fue estratégico. La jugada que peor dejó expuesto a Caputo fue intentar renovar el Poder Judicial desde arriba. En tándem con el ya miembro Ricardo Lorenzetti, convencieron a Milei de que podían ocupar las dos vacantes de la Corte Suprema con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Perdieron por goleada y el karinismo tomó de allí dos enseñanzas:

1) El avance judicial debía hacerse de abajo hacia arriba, cubriendo primero cargos de jueces de primera instancia, fiscales y defensores.

2) En lugar de querer desplazarlo, se aliaron con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

El destemplado tuit de Santiago Caputo contra Rosatti la última semana, acusándolo de “salir a operar”, por “miedo a que se lo lleven puesto”, confirmó que la interna siempre supera su peor momento y que el asesor seguirá dando pelea.

Una fuente que sigue el tema desde adentro jura que fue el propio Caputo quien llevó la lista de jueces vinculados con el kirchnerismo para que el Presidente la voltee. Fracasó otra vez.

Sobre este punto, hay distintas miradas. Fuentes políticas y judiciales coinciden en que no habría un mega acuerdo entre libertarios y kirchneristas para avanzar con los nombramientos. Pero sí negociaciones puntuales para ciertos lugares.

También está en debate cuál es el sello irrefutable para decir que un candidato es hoy kirchnerista. “Si haber firmado una solicitada de Justicia Legítima es ser K, casi todos serían K. Sergio Mola firmó alguna de esas solicitadas y fue el fiscal, con Diego Luciani, que terminaron metiendo presa a Cristina”. Con matices, el ejemplo Urso.

Estos antecedentes acaso enseñen/recuerden otra cosa. Más allá de los vínculos, favores y fallos sospechosos, no es el Judicial un poder sometido al poder político (Ejecutivo y Legislativo). En todo caso es una relación de pares, pero cada uno con reglas propias.

En este caso, los más de 100 nombramientos que se enviaron al Senado responden, primero, a la propia lógica del Poder Judicial. De su historia, de sus relaciones. En la Justicia, las premisas de casta y portación de apellido se repiten como en ningún otro poder. Entre los primeros pedidos al Senado de este año, uno incluyó al padre de Mahiques y otro al hijo de Rosatti.

Estamos aquí frente a un botín muy apetecible. Para entender: si el cierre de listas para una elección legislativa es una batalla campal, por un cargo perentorio de cuatro años, en este caso están pujando candidatos para quedarse con un lugar que podrán ocupar 15, 20 o más de 30 años. Con altos sueldos y privilegios garantizados. Eso, de mínima, si cumplen su cargo con honorabilidad.

Esta guerra demorada para cientos de sillas de alta sensibilidad deja heridos en el camino. Muchos. La cuenta es simple: por cada lugar se suelen enviar ternas desde el Consejo de la Magistratura, que luego el Gobierno reduce a un pliego/candidato que va al Senado. Es decir, si mandaron 103 postulantes, otros 200 quedaron en la puerta. Enojados y haciendo lobby en contra de sus rivales internos.

Más allá de la polémica por ciertos nombres –Clarín contó el debate interno y las dudas que se generaron en bloques como el radical o el macrista-, si la historia se repite, el Senado les daría vía libre a los nombramientos. Salvo casos puntuales, desde la reforma del 94 hubo pocos pliegos rechazados una vez que llegaron a esta instancia.

Por los acuerdos previos y los que vienen. La Magistratura desempolvó concursos por cargos de alto impacto en Comodoro Py. Y arrancó la discusión por los jueces federales (varios de ellos electorales) de las provincias. Allí entran en primer plano los gobernadores y sus senadores nacionales.

Esas negociaciones también quedarán seguramente atadas a eventuales acuerdos electorales entre el Gobierno y esos mandatarios. El famoso e inoxidable toma y daca. Típico de la casta.